Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, es un delincuente que se convirtió en una celebridad en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá. Su efímera designación como vocero de los presos y de las bandas criminales en el Valle del Cauca, en el marco de la pálida paz total del Gobierno, no dio frutos y solo le sirvió para ganarse ese estatus y tener una celda privada. Pero ahora vuelve a amenazar al Estado, a la guardia del Inpec y hasta a su director, el coronel Daniel Gutiérrez. Ha sido imposible de manejar, pese a estar tras las rejas. Luego de varios meses, su postura de conciliador se desfiguró y el rostro de asesino regresó. Nuevamente, desde su celda, le declara la guerra al Estado. Asegura que el Gobierno no cumplió, que lo dejaron sentado esperando a los delegados para conformar una mesa de diálogo y ordenó un plan pistola. “Hoy decidimos retomar nuestra postura de hacernos respetar, ya que con ustedes hemos tenido la palabra de respeto y observamos que ustedes nos están subestimando. Por los motivos antes expuestos, a partir del 23 de diciembre del año 2024, plan pistola para el Inpec a nivel nacional”, afirmó la autodenominada organización criminal Mago (Muerte a Guardianes Opresores). El condenado criminal, señalado de asesinatos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y amenazas a autoridades en el municipio de Tuluá, terminó en un listado destacado, elaborado por la oficina del alto comisionado para la paz, a fin de disfrazarse de hombre consagrado con la paz de Colombia que llevaría la tranquilidad a este municipio del Valle del Cauca. Hasta el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió la participación de Pipe Tuluá en conversaciones con el Gobierno. Su nombre ocupó titulares, lo entrevistaron y prometió contar la verdad en una mesa de diálogo. Lo cambiaron de cárcel, le permitieron el ingreso de elementos que para otros presos son prohibidos y hasta le dieron un espacio junto a los poderosos en La Picota, en el pabellón de extraditables. Es una celebridad en la cárcel. Le asignaron un funcionario del Inpec exclusivamente para escucharlo, redactar y llevar los mensajes al Gobierno, la propuesta de paz que tiene por ofrecer, pero lo dejaron en visto. A través de un comunicado afirmó que se cansó de esperar y que se viene una arremetida criminal, principalmente contra los funcionarios del Inpec. Fuentes del mismo pabellón de extraditables le contaron a SEMANA que Pipe Tuluá se convirtió en una celebridad, una especie de preso vip, que recibe las atenciones de los otros privados de la libertad, narcotraficantes que se pusieron al servicio del hombre que, supuestamente, sería el vocero de los reos de Colombia con el Gobierno Petro. “Le dijeron que le entregarían todo lo que necesitara. Plata, hombres, lo que quisiera, con tal de materializar la mesa de diálogo con el Gobierno, de convertir a los extraditables en voceros o gestores de paz, con las implicaciones y beneficios de tal designación. A Pipe Tuluá lo buscaban, le hacían fila para hablar con él y, en otras palabras, echárselo al bolsillo”, señaló una fuente a SEMANA. Los propios guardianes del Inpec confirmaron el problema en que se convirtió tener a Pipe Tuluá en el pabellón de extraditables. De la falsa diplomacia que asumió y de la supuesta responsabilidad de construir los puentes de diálogo entre el Gobierno, los grupos criminales y los presos del país no se cumplió nada. Su informal designación como vocero y la aparente cercanía con los representantes y delegados de paz del Gobierno no fue más allá de los anuncios. No lo volvieron a buscar y se quedó sin el delegado de derechos humanos que el Inpec designó para escuchar sus pretensiones. Está solo en una celda, y la palabra empeñada con los extraditables se empezó a fracturar. En el panfleto que lanzó y que al mismo tiempo es una sentencia de muerte para los guardianes del Inpec, Pipe Tuluá explica por qué su voluntad de diálogo ahora será con las armas y el homicidio. Advierte que el Inpec mantiene operativos contra sus llamados “guerreros en las cárceles”. No han cumplido los traslados de esos “guerreros”, una de las exigencias de Pipe Tuluá al Gobierno.En otras palabras, como las pretensiones y deseos del temido criminal no se han consumado, y el Inpec mantiene su deber institucional con la seguridad, orden y control en las prisiones, Pipe Tuluá amenaza al país. Al parecer, las promesas que hizo en la cárcel y a los extraditables se quedaron sin respaldo, y la figura de vocero, en un mero disfraz. Se quedó vestido para la fiesta de la paz. “Reiteramos que nosotros siempre hemos admitido nuestras operaciones, pero en el caso que nos ocupa no somos nosotros debido a los diferentes señalamientos malintencionados e injustos se han frenado varios acercamientos con nuestra gente”, dijo Pipe Tuluá en el panfleto con el que intentan negar su participación en varios hechos criminales, como el artefacto explosivo en la sede principal del Inpec, en Bogotá.La información que tienen las autoridades y que es analizada por la Fiscalía indica que Pipe Tuluá y su organización fueron quienes planearon y ejecutaron el ataque terrorista a la sede del Inpec a finales del año pasado. El cabecilla criminal lo niega y sostiene que han respetado el pacto de “no agresión”, a pesar de que sus colegas de crimen son “subyugados” en las cárceles.“Son totalmente falsos los últimos señalamientos que han realizado en contra de nuestra estructura, los cuales aseveran que nosotros hemos realizado los últimos atentados en contra del Inpec en especial en la dirección general en la 26 en Bogotá”, dice el panfleto con la sentencia de muerte a los guardianes del sistema carcelario de Colombia.La nueva faceta de Pipe Tuluá, la que siempre tuvo y que ocultó para convencer al Gobierno de que era un hombre de paz, está, otra vez, al aire. Dos escenarios derivaron en esta ola de violencia que sentencia el cabecilla criminal. El primero, que el Gobierno prometió y no le cumplió; el segundo, que simplemente nunca le creyeron.De cualquier forma, la patraña de convertir a un criminal confeso, que cada cierto tiempo lanza amenazas y ordena asesinatos, en vocero de paz terminó desmontada. Ni el Gobierno le cumplió y tampoco él se aguantó las ganas de volver a delinquir. Sigue en la cárcel, y sus compañeros de reclusión, los extraditables, se empiezan a preguntar qué pasó con el vocero que Pipe Tuluá prometió ser. Mientras Pipe Tuluá exige traslados de sus colegas de causa criminal, el Inpec mantiene los operativos de control y vigilancia en las prisiones. Las constantes redadas tienen a los privados de la libertad, que, como este cabecilla, creían tener comprada la comodidad en los penales, desesperados y anunciando venganza. “Esto es una orden del señor presidente, de la ministra de Justicia, en articulación con el Ministerio de Defensa, en la lucha contra la corrupción y poderle dar ese mensaje de seguridad, de que estamos trabajando con contundencia y con transparencia para evitar que sigan ocurriendo hechos lamentables”, dijo el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, en un reciente operativo en la cárcel La Modelo de Bogotá.El riesgo y la sentencia de muerte son para los funcionarios del Inpec. Más de una docena de guardianes han sido asesinados como represalia por su actividad laboral. El mismo Pipe Tuluá ha amenazado a esos funcionarios y le declaró la guerra al Gobierno por dejarlo vestido y alborotado. El Inpec, por su parte, incrementó los dispositivos de seguridad en su sede administrativa de Bogotá. Con 59 cámaras de vigilancia y un sistema de audioevacuación, esperan anticipar o prevenir cualquier hecho criminal, justamente ante la amenaza que Pipe Tuluá dejó por escrito y en el despacho del director general.