Damián Esteban Landínez Cañón

“Cojamos a los tigres”. esa fue la frase con la que habría iniciado la estrategia entre María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el viceministro en ese momento, Diego Guevara, para la compra corrupta de la conciencia de los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Todo a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El Consejo de Estado declaró la ‘muerte política’ de la congresista del Pacto Histórico, Mary Anne Perdomo, después de que la halló responsable de una indebida destinación de dineros públicos que involucra a una de sus integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).La Sala de Decisión de Pérdida de Investidura detalló en la sentencia: “Incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos (artículo 183.4 C.

La Corte Suprema de Justicia también tiene en la mira las irregularidades que habría detrás de un nombramiento que hizo Mary Perdomo en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y que hoy la dejan por fuera del Congreso de la República, por decisión del Consejo de Estado.En septiembre del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte decidió dejar en libertad a la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, mientras avanza la investigación en su contra por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto.Para ese momento

Hace pocos días, SEMANA reveló la denuncia que el exsenador y excandidato presidencial, Jorge Enrique Robledo, hizo sobre la contratación de la firma estadounidense Hughes Hubbard & Reed (HHR), por parte de la Agencia Jurídica del Estado, en el proceso que se adelanta contra la minera Continental Gold.Después de que se conoció esa alerta, el procurador Gregorio Eljach anunció el papel que jugara frente al contrato con la firma extranjera HHR, la cual, según Robledo, tendría que ver con el caso que avanza contra la transnacional, por la mina que opera en el municipio de Buriticá, en

Andrea Arteaga, la jueza Primera Penal de Mocoa, habría terminado amenazada e intimidada por Jaime Cabrera, abogado de un procesado por el delito de feminicidio en el departamento de Putumayo.La Comisión de Disciplina Judicial alertó el grave riesgo en el que estaría la funcionaria judicial y le pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tome medidas necesarias para proteger la vida de la juez Arteaga.#RamaJudicial | Pronunciamiento del Vicepresidente de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, magistrado Jorge Iván Duque.

SEMANA: La senadora Sandra Ramírez ha sido denunciada como responsable de abusos sexuales a menores de edad y abortos en las Farc. Usted también fue víctima de esos vejámenes. ¿Qué opina de que los exintegrantes de las Farc salgan a decir que eso es mentira?Sara Morales: Me gustaría tener el reglamento de las Farc en las manos para enseñarles las normas internas, las cuales decían que una mujer en embarazo era un desprestigio para la organización. Mujeres que ellos mismos embarazaban y las obligaban a abortar a sus propios hijos. Ellos tenían esa costumbre como comandantes.